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130 jóvenes guanacastecos se formaron en participación ciudadana y acceso a la justicia

Con el objetivo de mejorar sus capacidades de participación ciudadana, colaboración y uso productivo de las tecnologías para promover una ciudadanía activa y facilitar su ejercicio en apoyo al trabajo que realizan las y los facilitadores judiciales en sus comunidades, más de 130  jóvenes de la provincia de Guanacaste participaron durante una semana  de un campamento organizado por el Poder Judicial.
 
Durante el campamento los jóvenes prevenientes de las comunidades de Liberia, Tilarán, Abangares, Bagaces, La Cruz, Cañas, Nicoya, Nandayure, Hojancha, Santa Cruz, Carrillo y Jicaral, recibieron formación en participación ciudadana y uso de tecnologías de información para el mejoramiento de su función por 30 facilitadores judiciales.
 
En la apertura del campamento, la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas, motivó a las y los jóvenes destacando el valor estratégico de su compromiso con el bienestar comunal y la participación tan oportuna de las nuevas generaciones como constructoras de una democracia sólida, inclusiva y equitativa para todas las personas habitantes de las comunidades.
 
Uno de los objetivos por el cual se efectúa el campamento, es para que los  jóvenes de 16 a 25 años actúen como agentes de justicia y apoyen el trabajo de las personas facilitadoras judiciales e incluso crearán una red de empoderamiento juvenil en asocio al Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.
 
Lillian Eugenia Cardona Baltodano, joven del cantón de Cañas participante del encuentro, le pareció esta iniciativa muy importante “porque nos enseñan cómo liderar, cómo mejorar en el barrio e identificar las necesidades de cada comunidad, no solo de la mía sino de los distintos lugares de Guanacaste que estamos aquí”.
 
Durante un año más el al grupo de jóvenes y los facilitadores judiciales trabajaran localmente, con el apoyo del personal judicial de los cantones guanacastecos para seguir fortaleciendo el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.
 
El proyecto es financiado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, mediante el programa CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central), bajo la administración de la Fundación Omar Dengo y con la colaboración del Programa de Participación Ciudadana de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj).